Mientras se desarrolla el proceso de admisión de alumnos en la mayoría de los colegios e institutos de educación secundaria, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) denuncia que muchos colegios privados-concertados, como consecuencia de los criterios de escolarización que han fijado los gobiernos de algunas comunidades autónomas y de las prácticas disuasorias que estos centros tradicionalmente llevan a cabo, están impidiendo la escolarización en sus aulas del alumnado inmigrante, gitano, con bajo nivel socioeconómico, con necesidades educativas especiales o con bajo rendimiento académico.
Los Gobiernos autonómicos de Baleares, Canarias, Castilla y León, Euskadi, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana han fijado, dentro de la baremación de los criterios para la admisión de alumnos, un punto de libre elección para los centros educativos, que éstos utilizan para impedir la escolarización de determinado alumnado, incumpliendo así la obligación social que se deriva del régimen de concierto educativo al que se acogen, al recibir fondos públicos. Según Lola Abelló, presidenta de CEAPA este "es un punto opaco, que se usa con total subjetividad y para cribar. En muchos centros se concede tras una entrevista. Si les cae bien la persona, sus hijos entran", sostiene en declaraciones a El Pais.
El punto de libre elección, añade Abelló, se usa "para impedir la escolarización de un determinado tipo de alumnado". "Inmigrantes, alumnos de etnia gitana, personas con bajo nivel socioeconómico, con necesidades educativas especiales o con bajo nivel académico son los que se ven perjudicados por estos centros", según dice Abelló.
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