Pero por el simple hecho de que se llame "de calidad", una ley educativa no demuestra que realmente aporte mejoras ni legitima su bondad. La calidad debe estar en el contenido y no simplemente en su título. A veces, este tipo de "envoltorios" no llevan dentro más que un mal producto que necesita una buena campaña comercial para poderse vender.
No podemos negar que algunos aspectos del funcionamiento de nuestro sistema educativo son manifiestamente mejorables. Pero después de analizar el documento en el que el Ministerio de Educación nos ha presentado sus "Bases para una Ley de Calidad de la Educación" parece poco probable que las medidas propuestas por el gobierno vayan a servir realmente para mejorar las carencias que se detectan en nuestro sistema escolar.
En primer lugar, no se aprecia que las reformas que se proponen partan de un diagnóstico riguroso ni de los verdaderos problemas, ni de las causas que los producen. Únicamente se apoyan en meras opiniones y en interpretaciones interesadas de algunas estadísticas que nada aclaran sobre las causas de los males que denuncian y que no hacen justicia a los avances conseguidos en las últimas décadas en nuestro país en favor de la democratización y de la extensión de la educación a todos los ciudadanos sin distinción de clase social.
En segundo lugar, las medidas propuestas apuntan en una dirección expresamente desaconsejada por los grupos de expertos de organismos internacionales como la OCDE o la Comisión Europea porque ya se han mostrado ineficaces con anterioridad a la hora de solucionar los problemas relacionados con el fracaso escolar y porque no han ayudado a favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso de los alumnos a mayores niveles de estudios.
Por contra, medidas como la separación de los alumnos en itinerarios formativos de distinta categoría académica a una edad en la que aún no están preparados para tomar una decisión tan difícil ocasiona que sean los estudiantes en situación de desventaja por razón de su origen social o de condiciones personales de discapacidad los que, con mayor probabilidad, se vean asignados a grupos de refuerzo, aulas especiales o grupos de repetidores en los que se ven prematuramente privados de las mejores oportunidades de formación.
Sabemos, por la experiencia acumulada a lo largo de muchos años, que el agrupamiento de los alumnos en función de sus notas termina generando grupos de estudiantes etiquetados y marginados que ven cada vez más deteriorada su autoestima y que van acumulando cada vez mayor rechazo hacia la institución escolar.
Pero quizás lo más sorprendente es que el proyecto de ley, aunque dice buscar mejoras en la calidad educativa, no aporta los medios económicos, materiales, ni personales necesarios para conseguir la calidad de la que se habla, olvidando que el nivel educativo guarda una estrecha relación con la inversión y que el nuestro es uno de los países de la Unión Europea que menor presupuesto dedica a la educación.
Lejos de lo anterior, lo que, paradójicamente, proponen los responsables del Ministerio de Educación para combatir el fracaso escolar es aumentar la cantidad de conocimientos que los alumnos deben acumular, independientemente del valor formativo que estos tengan, e incrementar el número y la dificultad de los exámenes que deben superar. Pero todo ello sin aumentar el grado ni la variedad de las ayudas ni de los medios pedagógicos necesarios para que los estudiantes progresen en su aprendizaje.
Tiempo tendremos de analizar más aspectos "novedosos" del proyecto ministerial pero, de momento, nos sumamos a lo que ya muchos afirman: ¿mejorar la educación?, si, por supuesto; ¿Ley de Calidad?, así no, gracias.
