El fin de los programas de diversificación curricular: un sacrificio en nombre de la calidad

 

Desde su puesta en marcha allá por el curso 92/93 los programas de diversificación han posibilitado a muchos jóvenes estudiantes de ESO unos niveles de formación y una titulación académica que de otra forma les hubiera resultado muy difícil obtener.
Pero, paradójicamente, en nombre de una mal entendida calidad educativa, la nueva ley de educación -la LOCE- va a sustituir estos programas por otro tipo de medidas más selectivas, más discriminatorias y, seguramente, menos eficaces a la hora de garantizar una formación básica común y de calidad para todos dentro de la educación obligatoria.

Los Programas de Diversificación Curricular nacieron, con la aprobación de la LOGSE en 1991, como una medida de carácter excepcional destinada a aquellos alumnos mayores de dieciséis años que, por diferentes circunstancias, pudieran encontrarse con dificultades importantes para superar la Educación Secundaria Obligatoria.

Se trataba de que estos jóvenes, mediante una metodología y unos contenidos adaptados a sus características y necesidades, y con el tipo y grado de ayuda pedagógica adecuado a su situación individual, alcanzaran el nivel de formación que se exige en esta etapa y, por lo tanto, obtuvieran el título de Graduado en Educación Secundaria.

Una medida de esta naturaleza tenía pleno sentido dentro de un modelo educativo de carácter comprensivo -es decir, con unas enseñanzas comunes para todo el alumnado dentro del tramo escolar obligatorio- y que pretendía que todos los alumnos adquirieran una formación básica y común a la del resto de los ciudadanos y pudiesen obtener también la misma titulación.

Este carácter comprensivo que la LOGSE daba al sistema educativo obligatorio venía derivado de la preocupación por adoptar una organización de las enseñanzas que asegurase el principio constitucional de igualdad de oportunidades para todos los alumnos y partía de la idea de que la educación constituye un mecanismo privilegiado para compensar las desigualdades generadas por factores de origen social o cultural, de situaciones económicas desfavorables o de condiciones personales de discapacidad.

Por ello, entre otras cosas, se eliminaba la doble titulación que existía al término de la antigua EGB -Graduado Escolar y Certificado de Estudios- y se establecía una única titulación -el Graduado en Educación Secundaria- al final de la escolaridad obligatoria. Se trataba de evitar así la discriminación prematura que antes se producía, incluso dentro del tramo final de la EGB, y de ampliar a todos los alumnos las posibilidades de seguir estudios posteriores. Al mismo tiempo se establecían medidas pedagógicas destinadas a que ningún alumno quedara descolgado de los demás y todos -o al menos la gran mayoría- lograran alcanzar un nivel educativo básico y común al del resto de los estudiantes.

Una de las medidas previstas -aunque no la primera ni la más importante- para facilitar que todo el alumnado, incluidos los que por distintas circunstancias necesitaran más ayuda pedagógica que los demás o un tipo de ayuda distinto, así como formas de enseñanza más adaptadas a sus necesidades individuales, eran los Programas de Diversificación Curricular (PDC).

Desde sus comienzos estaban concebidos como una medida excepcional, como un mecanismo de seguridad para aquellos alumnos que, tras haber repetido uno o dos cursos, se acercaban ya a la edad de abandonar la ESO sin demasiadas posibilidades de finalizarla con resultados positivos. Con este planteamiento, en los escasos años en los que han estado vigentes han posibilitado a muchos jóvenes unos niveles de formación y una titulación académica que de otra forma les hubiera resultado muy difícil obtener.

Las razones del éxito

Aunque para muchos la eficacia de los PDC viene explicada simplemente por un supuesto menor nivel de exigencia académica de las enseñanzas que en ellos se ofrecen, las verdaderas razones tienen mucho más que ver con los principios pedagógicos y metodológicos sobre los que se sustentan.

En esencia, lo que estos programas posibilitan es un aumento notable de la cantidad y variedad de ayuda pedagógica que el alumnado puede recibir gracias a su particular organización, al aumento de los recursos que se ponen a su disposición y a los principios educativos que los guían. Para ello adoptan una estructura y una organización que está enfocada esencialmente a que el equipo docente de cada grupo pueda prestar al alumnado que los cursa ayudas pedagógicas que de otro modo serían muy difíciles de aplicar y que posibilitan lo que podríamos caracterizar como un proceso de enseñanza altamente tutelado.

Por un lado, los Programas de Diversificación tienen una organización distinta de las áreas y materias que se cursan en el segundo ciclo de la ESO. Éstas se reducen en número, y, en consecuencia, es menor también el número de profesores que intervienen en el grupo.

En segundo lugar, en las áreas de conocimiento fundamentales -las organizadas en torno a los ámbitos científico-tecnológico y sociolingüístico- el número de alumnos/as por grupo es menor, no pudiéndose sobrepasar un máximo de 15, lo que supone una ventaja para llevar a la práctica una enseñanza más individualizada tanto dentro como fuera del aula.

Los PDC cuentan también con un horario más amplio para el desarrollo de la acción tutorial (dos horas en lugar de una). Con menos alumnos y un equipo docente más reducido esta circunstancia puede ser aprovechada para realizar un seguimiento y un apoyo tutorial más cercano con cada uno de los estudiantes.

En definitiva, son este tipo de ayudas pedagógicas específicas las que consiguen que la superación de los objetivos de la educación obligatoria resulte más asequible para el alumnado a través de un PDC y las que convierten a estos programas en una verdadera medida favorecedora del éxito escolar.

Un futuro incierto

Paradójicamente, a pesar de haber mostrado altos niveles de eficacia a la hora de prevenir el fracaso escolar, los Programas de Diversificación ya no tendrán cabida dentro del sistema de itinerarios académicos en los que se organizarán los dos últimos cursos de la ESO según la nueva Ley «de Calidad».

La alternativa prevista serán los Programas de Iniciación Profesional de los que habla el artículo 27 de la LOCE. Se trata de una versión renovada de los Programas de Garantía Social hasta ahora en vigor que como novedad tendrán dos años de duración, al final de los cuales los alumnos podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria. Pero es muy probable que esta última posibilidad quede simplemente en el plano teórico, pues no está claro que por esta vía los alumnos puedan alcanzar el nivel de formación académica de base necesario para poder proseguir después con garantías de éxito estudios de Formación Profesional de Grado Medio y menos aún de Bachillerato..

Y es que los Programas de Iniciación Profesional están concebidos, como su propio nombre indica, como una vía de transición desde el mundo académico al mundo laboral y será difícil que el tiempo dedicado al desarrollo de competencias de tipo profesional deje espacio suficiente al desarrollo de otras de carácter más instrumental y general, que constituyen la base necesaria para poder alcanzar en un futuro el nivel de cualificación propio de un Técnico de Grado Medio. Tampoco está claro aún que los nuevos Programas de Iniciación Profesional puedan reunir las mismas condiciones organizativas y pedagógicas que constituyen los ingredientes esenciales del éxito de los Programas de Diversificación.

Pero el principal problema se encuentra en el alto riesgo de quedar etiquetados y marcados que correrán estos alumnos, pues se concentrarán en unos mismos grupos de forma peligrosa aquellos que más dificultades encuentran en el ámbito escolar. Ya no se mantendrán, por ejemplo, los agrupamientos flexibles en los que los alumnos de diversificación sólo se separan de sus compañeros del grupo de referencia en algunas horas. Por el contrario, se formarán grupos de alumnos totalmente separados del resto, sometidos a experiencias de aprendizaje muy diferentes y que ya no compartirán ninguna asignatura con otros distintos en capacidades, intereses o conocimientos y que también pueden ser buenos modelos de aprendizaje.

Por ello, son muchos los que opinan que los nuevos Programas de Iniciación Profesional han sido creados en la mal llamada Ley de Calidad más como un lugar en el que apartar a los alumnos que se descuelgan del resto desde la temprana edad de quince años que como una segunda oportunidad para que, con ayuda ajustada a sus necesidades, puedan beneficiarse de una cultura común a la de sus compañeros de edad y conseguir un título que acredite unos niveles semejantes de formación.

En conclusión, es muy posible que con la desaparición de los Programas de Diversificación Curricular muchos alumnos se vean en adelante privados de forma prematura de la ayuda necesaria para lograr un buen nivel educativo y, en consecuencia, de la posibilidad de cursar con éxito estudios postobligatorios. Se suprimirá de esta forma la concepción adaptativa de la enseñanza que debe acompañar al objetivo de que ningún estudiante se quede atrás y resultará seriamente dañado el principio de igualdad de oportunidades que debe ir inseparablemente unido al derecho fundamental a recibir una educación de calidad.